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Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012

Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012

Venezuela

A. Introducción

Venezuela es uno de los principales países que sirven de tránsito para el tráfico de drogas. Una porosa frontera al oeste con Colombia, un sistema judicial débil, una cooperación internacional anti-narcótico incongruente, un sistema de aplicación de la ley por lo general permisivo y un ambiente político corrupto han hecho de Venezuela una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas desde América del Sur hacia el Caribe Oriental, América Central, Estados Unidos, África y Europa Occidental. El Presidente de los Estados Unidos determinó en 2011 que Venezuela, de manera demostrable, no cumplió con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos.

El Gobierno de Venezuela canaliza sus esfuerzos antinarcóticos por medio de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).  La Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, son los principales organismos de seguridad del Estado encargadados de la incautación de drogas, aunque fuerzas policiales estadales y municipales también realizan algunas operaciones antinarcóticos. La Guardia Costera Venezolana, que está bajo la autoridad de la Armada, tiene una misión antinarcótico tanto en mar abierto como en los puertos. Los organismos de seguridad venezolanos carecen de equipo, adiestramiento y alcance para afrontar los recursos y campo de acción de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El enjuiciamiento efectivo de los traficantes de droga se ve obstaculizado por la corrupción y la falta de independencia judicial.

Durante 2011, Venezuela y Colombia continuaron desarrollando su cooperación bilateral antinarcótico para abordar el tránsito de drogas ilícitas desde Colombia a Venezuela y hacia terceros países. El 9 de mayo de 2011, Colombia extraditó a Venezuela a Walid Makled, presuntamente el narcotraficante más prominente de Venezuela, quien, según informaciones, está conectado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que es buscado en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas. En 2009, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Makled como Narcotraficante Extranjero Significativo bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Makled fue procesado el 10 de mayo de 2011, y un tribunal llevó su caso a juicio el 26 de julio; sin embargo, el juicio siguió pendiente para finales del año.  

Autoridades venezolanas deportaron a Colombia a tres miembros del Ejército Nacional de Liberación (ELN) y a dos miembros de las FARC, entre los cuales se encuentran el jefe de seguridad Gildardo García Carmona (también conocido como “Alirio”) en 2011. El 31 de mayo, el Gobierno venezolano arrestó a otro miembro de las FARC, Guillermo Enrique Torres Cueter (también conocido como “Julián Conrado”), pero no lo había deportado a Colombia para finales del año. A pesar de haber tomado estos pasos, el Gobierno de Venezuela pareció continuar tolerando la presencia de las FARC y del ELN y no tomó pasos significativos para limitar la capacidad de operación de dichas organizaciones en territorio venezolano.

Los medios siguieron informando sobre la presencia de organizaciones de narcotraficantes mexicanos, entre las cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, traficando drogas por Venezuela. En enero, autoridades venezolanas arrestaron a la colombiana Gloria Rojas, quien estaba presuntamente trabajando para Los Zetas en Venezuela, y la deportó a los Estados Unidos el 21 de marzo de 2011.

Existen cultivos de coca de limitada extensión a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia, pero los niveles son insignificantes.  Se cultiva marihuana de bajo grado en varias partes de Venezuela, pero no se exporta debido a su mala calidad. El tráfico de precursores químicos por el país es mínimo.  Según un studio de 2009 sobre el consumo de drogas, realizado por la ONA, el consumo illegal de drogas en el país siguió representando un problema, con la marihuana como la droga ilícita de mayor consumo, seguida por cocaína “crack” y “basuco” (pasta de cocaína).

La cooperación bilateral antinarcótico entre Venezuela y Estados Unidos es limitada y sigue dándose sólo cuando surgen determinados casos. La falta de una mayor cooperación antinarcótico es congruente con la decisión del Gobierno de Venezuela de reducir el contacto bilateral con Estados Unidos. Venezuela no ha firmado el anexo al Memorando de Entendimiento Bilateral con Estados Unidos, de 1978, para la Lucha Contra las Drogas, que fue negociado en 2005.

Venezuela es Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

B. Logros, Políticas y Tendencias en el Control de las Drogas

 1. Desarrollo Institucional

El Plan Nacional Antidroga de Venezuela para 2009-2013 incluyó la creación de un sistema nacional anti-droga bajo la ONA para consolidar y coordinar los esfuerzos en esa materia. El plan requiere más investigación para evaluar la extensión del consumo de drogas en Venezuela, así como la efectividad de los programas para su prevención.

Con base en un estudio de 2011sobre el consumo de drogas en el país, y en conformidad con dicho plan, la Dirección de la ONA reportó una cantidad aproximada de 270.096 consumidores regulares de drogas, representando 1,28 por ciento de la población entre 12 y 16 años de edad. Un informe de finales del año de la ONA expresaba que el Gobierno emprendió más de 43.000 actividades de prevención del consumo de drogas, en las que estaban involucradas aproximadamente tres millones de personas durante 2011, lo que representa un aumento de 200 por ciento en el número de participantes por medio de estas actividades.  

El plan promueve la creación de oficinas a nivel estatal y municipal para instrumentar políticas nacionales. También propone la creación de una jurisdicción judicial antinarcótico, compuesta por jueces y personal especialmente capacitados, para acelerar el procesamiento de delitos relacionados con las drogas. Aunque ambicioso, ninguno de los planes organizativos ni de política se hicieron evidentes en 2011. El Gobierno reportó confiscaciones de drogas, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje adecuadas para el tráfico de narcóticos.   

En enero de 2010, el Gobierno creó un Fondo Nacional Antidroga para financiar programas para prevenir el consumo de drogas, el lavado de dinero y el narcotráfico. Hubo informes que indicaban que la ONA se tardaba más de un año para aprobar y dar la licencia a organizaciones con el fin de que reciban asistencia de este fondo. La ONA creó un sitio web en 2011 para que las organizaciones se registraran y así pudieran obtener una licencia para participar en este programa; sin embargo, las organizaciones siguieron esperando durante mucho tiempo por la licencia.

La Ley Orgánica de Drogas de 2010 remplazó a la previa Ley Orgánica Contra Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y, entre otras cosas, aumentó las sanciones potenciales por tráfico de drogas y otorgó a la ONA la autoridad de incautar y utilizar los activos de personas vinculadas con el tráfico de drogas.  No hubo evidencia disponible de la aplicación de esta directiva en 2011.

Venezuela es Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988,  de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Venezuela es Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos contra el tráfico ilegal de personas y contrabando de inmigrantes y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Venezuela también es Parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana sobre la Asistencia Mutua en Asuntos Criminales. Venezuela sigue siendo miembro activo de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de las Drogas (CICAD).

El Gobierno venezolano ha firmado muchos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, entre los cuales se encuentran un Tratado de Asistencia Legal Mutua que entró en vigencia en marzo de 2004; un Acuerdo de Asistencia Aduanera Mutua; y un Acuerdo de Abordaje de Embarcaciones de 1991 (actualizado en 1997) que autoriza a Estados Unidos abordar embarcaciones de bandera venezolana sospechosas de traficar drogas en alta mar. El uso continuo y sin impedimento del acuerdo de abordaje de embarcaciones ha sido esencial para Estados Unidos en sus esfuerzos contra el tráfico de drogas. Aun cuando Estados Unidos y el Gobierno venezolano firmaron un Memorando de Entendimiento bilateral con respecto a la cooperación antinarcótico en 1978, Venezuela no ha firmado un anexo de 2005, que extendería el acuerdo.

Estados Unidos y Venezuela son Partes en un tratado de extradición que entró en vigencia en 1923; sin embargo, el tratado tiene una aplicación limitada debido a que la Constitución de Venezuela de 1999 prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos. Venezuela, en efecto, deporta periodicamente a ciudadanos no venezolanos hacia los Estados Unidos.

2. Reducción de Suministros

Venezuela sigue siendo uno de los principales países de tránsito para los cargamentos de cocaína por aire, mar y tierra. Según cálculos del Gobierno de Estados Unidos sobre el movimiento de cocaína, para finales de 2011, un aproximado de 161 a 212 toneladas métricas de cocaína salieron desde Venezuela hacia otros destinos en el mundo en 2011, la misma cantidad calculada para 2010.  Los vuelos sospechosos de traficar drogas salen de Venezuela, desde estados fronterizos con Colombia. Casi todos los vuelos con drogas ilícitas que llegan a Honduras, el mayor centro de la región para el contrabando de droga por aire, parten de Venezuela. Se utilizaron contenedores, embarcaciones pesqueras y botes rápidos para sacar narcóticos de Venezuela por mar.

La vasta mayoría de narcóticos ilícitos que transitaron por Venezuela durante 2011 fueron destinados hacia el Caribe Oriental, América Central, Estados Unidos, Europa y África Occidental. Grupos armados ilegales mexicanos y colombianos, entre los cuales se encuentran Los Zetas, el Cartel de Sinaloa, las FARC y el ELN, estuvieron vinculados a las organizaciones de narcotráfico más agresivas y exitosas que transportan narcóticos por Venezuela. Reportajes de los medios alegaron que efectivos de las fuerzas de seguridad de Venezuela brindaron asistencia directa a estas organizaciones.

Durante 2011, la ONA estableció un sitio web para que las personas pudieran proporcionar información anónima sobre actividades relacionadas con el narcotráfico. Se conoce también que el Gobierno instaló al menos seis de diez sistemas de radar de tráfico aéreo, fabricados en China y comprados en 2007, que son capaces de detectar vuelos con potencial tráfico ilegal de drogas. El Gobierno venezolano también inauguró un nuevo centro de incineración de drogas, aumentando así el número de estos centros a 10, y abrió una nueva oficina para la incautación y administración de activos de personas involucradas en actividades de narcotráfico.

Aun cuando el Gobierno venezolano informa de manera pública sobre incautaciones de drogas ilícitas, no forma parte de las naciones asociadas dentro del Sistema de Intercambio de Información de Naciones Cooperadoras y no comparte datos ni evidencia necesaria para verificar las incautaciones o la destrucción de drogas ilícitas. Según la ONA, las autoridades venezolanas incautaron 42 toneladas métricas de drogas ilegales para finales del año, en comparación con 63 toneladas métricas en 2010, 62 por ciento de las incautaciones fueron cocaína (26 toneladas métricas – en comparación con 38 toneladas métricas en todo 2010) y 37 por ciento fue marihuana (16 toneladas métricas – en comparación con 24 toneladas métricas en todo 2010). El resto consistía en cocaína crack (82 kilogramos), heroina (81 kilogramos) y basuco (55 kilogramos). En el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU de 2011 se lee que las incautaciones de cocaína en Venezuela “alcanzaron un máximo de 59 toneladas métricas en 2005 y han caído a aproximadamente a la mitad de ese nivel desde entonces, llegando a una cantidad de 28 toneladas métricas en 2009”.

El Gobierno venezolano reportó que durante 2011, las operaciones “Centinela,” “Sierra,” “Urena Soberana” y “Guarumito” condujeron a las incautaciones de drogas, aeronaves y precursores químicos, así como a la destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas y pistas de aterrizaje clandestinas. Según la ONA, desde el 17 de octubre de 2011, el Gobierno venezolano incautó 21 aeronaves involucradas en el tráfico de drogas ilícitas, destruyó 45 pistas de aterrizaje clandestinas y desmanteló 17 laboratorios para el procesamiento de drogas. La ONA también reportó que capturó a 21 personas para quienes había ordenes internacionales de arresto por delitos relacionados con el narcotráfico, y detuvo a 13.921 personas en conexión con la posesión o el tráfico de drogas ilegales. No hubo información disponible sobre la naturaleza o gravedad de los delitos relacionados con las drogas. Según el Ministerio Público, desde septiembre, 4.515 activos, entre los cuales se encuentran inmuebles o propiedades personales, habían sido confiscadas a personas presuntamente involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

3. Reducción de la Demanda

El consumo de drogas ilegales sigue siendo un problema significativo en Venezuela. Organizaciones no gubernamentales de todo el país ofrecen programas para crear conciencia sobre el abuso de las drogas, para la reducción de la demanda y para el tratamiento de los consumidores. Como parte de su Plan Nacional para una Prevención Integrada, la ONA continuó con su programa “Sembrar Valores para la Vida”. El Gobierno reportó que desde el 14 de octubre de 2011, se habían realizado 835 talleres y seminarios en más de 200 escuelas en todo el país.

En septiembre, la directora de la ONA para la reducción de la demanda anunció que la ONA inició el programa, "La ONA va a la Escuela", en 26.000 escuelas. Este programa está diseñado para educar a estudiantes sobre los peligros del uso del alcohol, el tabaco y las drogas y sobre las maneras de prevenirlos.

4. Corrupción

La corrupción en el sector público siguió siendo uno de los grandes problemas en Venezuela y parece haber contribuido al uso de Venezuela para el tránsito de drogas por parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en 2011. Como un asunto manifiesto de su política gubernamental, el Gobierno venezolano ni fomenta ni facilita la actividad ilegal asociada con el tráfico de drogas. Sin embargo, se cree que algunos funcionarios gubernamentales de alto rango han estado involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El 8 de septiembre de 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cuatro funcionarios gubernamentales de alto rango, conforme a la Ley Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, por prestar, con frecuencia, apoyo directo a las actividades de tráfico de narcóticos y de armas de las FARC. El Gobierno venezolano no tomó acciones contra éstos u otros funcionarios gubernamentales y efectivos militares conocidos por estar vinculados con las FARC. En 2010, el presidente Chávez ascendió a Henry Rangel Silva, Jefe del Comando de Operación Estratégica de la Fuerza Armada al rango equivalente de General en Jefe de cuatro estrellas; Rangel Silva fue designado bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) en 2008.

La Ley Orgánica Contra las Drogas de 2010 impuso sanciones adicionales, que van desde 8 a 18 años en prisión, para efectivos militares y de seguridad hallados culpables de participar en el narcotráfico o de facilitar dichas actividades ilícitas. Sin embargo, no hubo información pública disponible sobre investigaciones a funcionaros gubernamentales de alto rango presuntamente involucrados en el narcotráfico.

C. Objetivos Nacionales, Cooperación Bilateral e Iniciativas de la Política de EE.UU.

Desde el cese de la cooperación formal con la Agencia Antidrogas (DEA) de EE.UU. en 2005, el Gobierno venezolano ha mantenido una cooperación limitada con Estados Unidos con respecto a la lucha contra las drogas, solamente al tratamiento de casos específicos. Desde 2005, Estados Unidos ha propuesto que el Gobierno venezolano firme un anexo al Memorando de Entendimiento antinarcótico bilateral entre Venezuela y Estados Unidos de 1978, que permitiría una mayor cooperación. Funcionarios venezolanos expresaron públicamente que Venezuela ni firmaría ningún acuerdo bilateral ni cooperaría con Estados Unidos en materia de lucha contra narcóticos. El Gobierno venezolano raramente comparte información con Estados Unidos sobre el lavado de dinero o sobre el tráfico de narcóticos. Desde 2009, cuando el ministro de Interior y Justicia, El Aissami, prohibió a funcionarios policiales recibir adiestramiento en el exterior sin la previa aprobación del Ministerio, ningún efectivo de seguridad venezolano ha participado en programas de adiestramiento antinarcótico proporcionados por EE.UU.

La cooperación bilateral con Estados Unidos en 2011 consistió principalmente en la coordinación de deportaciones de fugitivos de Venezuela a Estados Unidos y a actividades de interceptación marítima realizadas por la Guardia Costera de EE.UU.

El Gobierno venezolano deportó a tres fugitivos buscados por cargos relacionados con el tráfico de narcóticos a Estados Unidos durante 2011: Gloria Rojas Valencia, Lionel Harris y Maximiliano Bonilla Orozco, también conocido como “el Valenciano”, uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia, capturado en Venezuela en noviembre y deportado en diciembre. 

El Gobierno venezolano continuó permitiendo que la Guardia Costera de EE.UU. aborde, en alta mar, embarcaciones de bandera venezolana sospechosas de estar traficando narcóticos. Durante 2011, el Gobierno venezolano cooperó con la Guardia Costera de EE.UU. en tres casos de interceptación marítima de drogas,  en comparación con nueve casos en 2010. Estados Unidos no conoce que la Armada o la Guardia Costera de Venezuela, por su cuenta, haya realizado alguna incautación de drogas en alta mar.

D. Conclusión

Durante el año, Venezuela aumentó la cooperación antinarcótico con Colombia y siguió deportando a fugitivos hacia los Estados Unidos, Colombia y otros países. Estados Unidos sigue con la intención de profundizar la cooperación con Venezuela para ayudar a contrarrestar el creciente flujo de cocaína y otras drogas ilegales que transitan por el territorio venezolano. La cooperación podría mejorarse por medio de un compromiso formal entre las agencias de seguridad de Venezuela y de EE.UU. en asuntos antinarcótico y por la firma del anexo pendiente del Memorando de Entendimiento bilateral antinarcótico, que proporcionaría fondos para proyectos conjuntos contra las drogas y para programas de reducción de la demanda. Dentro de la cooperación se podrían incluir programas antinarcótico y contra el lavado de dinero para funcionarios de los cuerpos de seguridad con el fin de construir una capacidad institucional para luchar contra el tráfico de narcóticos. Tal adiestramiento requeriría que el Gobierno venezolano permita a funcionarios de los cuerpos de seguridad participar en programas de capacitación organizados por otros países. La cooperación también podría mejorar la seguridad portuaria venezolana y reducir el papel de Venezuela como principal país de tránsito de drogas por vía marítima. Tal cooperación podría involucrar la activación de las Instalaciones de Inspección de Contenedores en Puerto Cabello, que fueron, en parte, financiadas por el Gobierno de Estados Unidos en 2004, y la participación del Gobierno venezolano en el Programa Internacional de Seguridad Portuaria de la Guardia Costera de Estados Unidos. Este programa ayudaría a Venezuela a evaluar sus principales puertos y a desarrollar mejores prácticas para una mayor seguridad marítima. Desde la última evaluación en 2004, el Gobierno venezolano ha negado las solicitudes de Estados Unidos de regresar para realizar una evaluación actualizada. Estas actividades de cooperación aumentarían el intercambio de información que pudiera conducir a arrestos, al desmantelaliento de redes del crimen organizado, al enjuiciamiento de criminales involucrados en el narcotráfico y a la contención del flujo de drogas ilícitas que transitan por el espacio aéreo, el territorio y las vías marítimas de Venezuela.

Drafted by: Mike Brennan x3-1248

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