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Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2011

Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2011

Venezuela

A. Introducción

Venezuela es uno de los principales países que sirven de tránsito para el tráfico de drogas. Una permeable frontera al oeste con Colombia, un sistema judicial débil, una cooperación internacional anti-droga inconsistente y un ambiente generalmente permisivo y corrupto han hecho de Venezuela una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas desde América del Sur hacia el Caribe Oriental, América Central, los Estados Unidos de América, Europa y África Occidental. El Informe Mundial sobre las Drogas del año 2010 de las Naciones Unidas describió a Venezuela como uno de los principales puntos de partida de cargamentos de cocaína por vía marítima e informó que entre el 2006 y el 2008, más de la mitad de los cargamentos de cocaína detectados por vía marítima hacia Europa pasaron por Venezuela. Los medios de comunicación informaron sobre una presencia cada vez mayor de los carteles mexicanos de narcotráfico, entre los cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, en operaciones para traficar drogas por Venezuela. El presidente de los Estados Unidos de América determinó en el 2010, así como en los cinco años anteriores, que Venezuela manifiestamente no cumplió con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra las drogas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela canaliza sus esfuerzos anti-narcóticos por medio de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). La Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) son los principales organismos de seguridad del Estado dedicados a la incautación de drogas, aunque otras fuerzas policiales estatales y municipales también realizan operaciones anti-narcóticas. Los organismos de seguridad venezolanos carecen de equipo, adiestramiento y alcance para afrontar los recursos y campo de acción de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. El enjuiciamiento efectivo de los traficantes de droga se ve obstaculizado por la corrupción y la falta de independencia judicial.

Existen cultivos de coca de limitada extensión a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia, pero los niveles han sido históricamente insignificantes. Se cultiva marihuana de bajo grado en varias partes de Venezuela, pero no se exporta debido a su baja calidad.

En 2010, el consumo de drogas ilegales seguía siendo un problema significativo en Venezuela. La marihuana se catalogaba como la droga ilícita de mayor consumo en el país, seguida por la cocaína y su derivado, el “crack”.

La cooperación anti-narcótica bilateral entre Venezuela y los Estados Unidos de América es inadecuada y sólo se da cuando surgen determinados casos. La falta de una mayor cooperación anti-narcótica es congruente con la decisión del gobierno de Venezuela de reducir la cooperación con Estados Unidos en general. Venezuela no ha firmado el anexo, negociado en el 2005, del Memorando de Entendimiento Bilateral Anti-Narcótico con los Estados Unidos del 1978. Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

B. Logros, Políticas y Tendencias en el Control de las Drogas

1. Desarrollo Institucional

El Plan Nacional Antidrogas del gobierno de Venezuela para 2009-2013 incluye la creación de un sistema nacional anti-droga bajo la ONA para consolidar y coordinar los esfuerzos anti-drogas. El plan propone más investigación para evaluar tanto la prevalencia del abuso de drogas en Venezuela, así como la efectividad de los programas de prevención del consumo de drogas. El plan promueve la creación de oficinas a nivel estatal y municipal para instrumentar políticas nacionales. También propone la creación de una jurisdicción judicial anti-narcótica, compuesta por jueces y personal especialmente capacitados, para acelerar el enjuiciamiento de crímenes relacionados con drogas. No hubo información disponible sobre la instrumentación del plan de 2009-2013.

En enero de 2010, el gobierno anunció la creación de un Fondo Nacional Antidroga para financiar programas para prevenir el consumo de drogas, el lavado de dinero y el narcotráfico. Solicitó a los consejos comunales o a las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) a instrumentar programas para la reducción de la demanda de drogas.

En septiembre de 2010, la Asamblea Nacional adoptó la Ley Orgánica de Drogas que sustituye la antigua Ley Orgánica Contra Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. La nueva ley aumenta a un período de 8 a 30 años de prisión las sanciones potenciales para el tráfico de drogas y para crímenes relacionados con él. Proporciona severas sanciones a los medios que promuevan el consumo de drogas en sus programaciones o publicidad, y decreta la creación de un plan nacional holístico para programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas. La nueva ley da a la ONA la autoridad de incautar y usar los bienes de personas relacionadas con el tráfico de drogas. La nueva ley también enmendó la ley anterior que requería que las compañías donaran uno por ciento de sus ganancias para los programas de reducción de la demanda de drogas a ONGs certificadas por el gobierno. La nueva ley especifica que las compañías con más de 50 trabajadores ahora deben dar uno por ciento de sus ganancias directamente a la ONA, la cual manejará el Fondo Nacional Antidroga.

Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988,  de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, y la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Venezuela es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus protocolos contra la trata de personas y contrabando de migrantes, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Venezuela también es parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana sobre la Asistencia Mutua en Materia Penal. También sigue siendo miembro activo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

El gobierno venezolano ha firmado muchos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos de América, entre los cuales se encuentran el Tratado de Asistencia Legal Mutua que entró en vigencia en marzo de 2004; el Acuerdo de Asistencia Aduanera Mutua; y un Acuerdo de Abordaje de Embarcaciones de 1991 (actualizado en 1997) que autoriza a los Estados Unidos a visitar en alta mar embarcaciones de bandera venezolana sospechosos de traficar drogas. El uso continuo e ininterrumpido del acuerdo de abordaje de barcos ha sido esencial para los Estados Unidos en sus esfuerzos contra el tráfico de drogas. Aun cuando los Estados Unidos y el gobierno venezolano firmaron un Memorando de Entendimiento Bilateral Anti-Narcótico con respecto a la cooperación anti-narcótico en 1978, el gobierno venezolano no ha firmado el anexo del 2005 que extendería el acuerdo.

Los Estados Unidos y Venezuela son partes de un tratado de extradición que entró en vigencia en 1923; sin embargo, el tratado tiene una aplicación limitada debido a la Constitución de la República Bolivariana Venezuela de 1999, que prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

2. Reducción de Suministros

Venezuela sigue siendo uno de los principales países de tránsito para los cargamentos de cocaína por aire, mar y tierra. Vuelos sospechosos de traficar drogas salen de Venezuela desde estados fronterizos con Colombia. Contenedores, barcos de pesca, y lanchas rápidas fueron utilizados para sacar narcóticos de Venezuela por mar. Aproximadamente 250 toneladas métricas de cocaína transitan por Venezuela anualmente, según cálculos del movimiento de cocaína del Gobierno de los Estados Unidos.

La vasta mayoría de narcóticos ilícitos que transitaron por Venezuela fueron destinados al Caribe Oriental, América Central, Estados Unidos de América, Europa y África Occidental.

Grupos armados ilegales en Colombia, entre los cuales se encuentran dos grupos calificados por los Estados Unidos de América como Organizaciones Terroristas Extranjeras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron vinculados a las organizaciones de narcotráfico más agresivas y exitosas que transportan narcóticos por Venezuela. Informes de prensa alegan que algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela han apoyado de manera directa a estas organizaciones. En 2010, los medios informaron que los carteles mexicanos, entre los cuales se encuentran el Cartel Sinaloa y Los Zetas, estaban cada vez más involucrados en operaciones para traficar drogas por Venezuela.

En 2010 el gobierno venezolano recibió radares y dos nuevos buques de vigilancia litoral, presuntamente para combatir el tráfico de drogas. Se ha reportado que al menos seis de los 10 sistemas de radar comprados en 2007 a China fueron instalados. Estos sistemas pueden ser utilizados para detectar vuelos con drogas ilícitas.

Aun cuando el gobierno venezolano informa de manera pública incautaciones de drogas ilícitas, no forma parte de las naciones asociadas dentro del Sistema de Intercambio de Información de Naciones Cooperantes (CNIES, por sus siglas en inglés) y no comparte datos ni evidencia necesaria para verificar las incautaciones o la destrucción de drogas ilícitas. El Ministerio Público de Venezuela informó el 26 de noviembre que el gobierno había destruido 127,7 toneladas métricas de diferentes drogas entre 2008 y octubre de 2010, pero estas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente. El gobierno venezolano informó que incautó cerca de 63 toneladas métricas de drogas ilícitas en 2010. Sesenta por ciento de las incautaciones fue de marihuana (38 toneladas métricas – comparado con 32,3 toneladas métricas en 2009) y 39 por ciento fue de cocaína (24 toneladas métricas – comparado con 27,7 toneladas métricas en 2009). El resto consistió de crack (170 kilogramos), bazuco (65 kilogramos) y heroína (53 kilogramos – comparado con 81 kilogramos en 2009).

Según la ONA, en el 2010, el gobierno venezolano arrestó a 12.376 personas en conexión con la posesión o tráfico de drogas ilícitas; se informó que 371 de estas personas eran extranjeros. El Ministerio Público también informó que entre 2008 y octubre de 2010, el gobierno imputó a 23.327 personas por crímenes relacionados con drogas, 14.642 de ellas fueron juzgadas culpables. No hubo información disponible sobre la naturaleza o severidad de los crímenes.

En octubre de 2010, el gobierno venezolano anunció que fortalecería la “Operación Centinela”, desplegada en 2009 para combatir el tránsito de narcóticos por Venezuela, al enviar 15.000 soldados adicionales a la frontera colombiana, pero no existe confirmación por parte del gobierno venezolano de que esto haya sucedido. Durante el año se reportaron las operaciones anti-narcóticas bajo la “Operación Centinela”, incluyendo incautaciones de drogas y destrucción de laboratorios de drogas. El gobierno venezolano informó que había desmantelado dieciocho laboratorios de procesamiento de drogas en 2010 en el estado fronterizo del Zulia. Como consecuencia de los esfuerzos de intercepción del gobierno, en agosto de 2010, diez oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela murieron en un helicóptero que se estrelló mientras efectuaban una operación anti-narcótica en el estado fronterizo de Apure.

3. Conciencia del Abuso de Drogas, Reducción de la Demanda y Tratamiento

El consumo de drogas ilícitas sigue siendo un problema significativo en Venezuela. Varias ONGs en todo el país ofrecen programas para crear conciencia sobre el abuso de drogas, para reducir su demanda y para tratar a los adictos a ellas. Como parte de su Plan Nacional de Prevención Integral, el gobierno venezolano continuó con el programa “Sembrar Valores para la Vida”, una iniciativa integral de prevención del consumo de drogas. En 2010 se suministraron adiestramientos de reducción de la demanda de drogas a profesionales de la educación, a representantes de asociaciones de padres, consejos comunales y a directores de instituciones educativas. En varios estados, adiestraron a líderes de consejos comunales, universidades y de otras ramas del quehacer local para establecer grupos de asesoría con el fin de ayudar a la comunidad en la solicitud de fondos de la ONA para programas de prevención del consumo de drogas.

Sin embargo, la ONA sigue trabajando lentamente para certificar a las ONGs que instrumentan programas contra el consumo de drogas. Varias ONGs reportaron que la ONA les negó una certificación por razones políticas y ONGs que recibían asistencia de los Estados Unidos reportaron que fue difícil recibir una certificación de la ONA.

4. Corrupción

La corrupción pública siguió siendo un tema importante en Venezuela y parece haber contribuido en 2010 al uso de Venezuela para el tránsito de drogas por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Como una política oficial declarada, el gobierno venezolano ni fomenta, ni apoya, ni facilita la actividad ilegal asociada con el tráfico de drogas. Según algunos informes de prensa, algunos miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad venezolanas estaban presuntamente involucrados en la actividad ilegal asociada con el tráfico de drogas o contribuían a ella.

La nueva Ley Orgánica de Drogas impone sanciones adicionales a funcionarios de las fuerzas militares y de seguridad quienes han sido sentenciados por haber participado o facilitado  el tráfico de drogas. Estas sanciones adicionales van desde 8 a 18 años de prisión. Sin embargo, no hubo información pública disponible sobre alguna investigación realizada a altos funcionarios gubernamentales presuntamente involucrados en el tráfico de narcóticos.

El gobierno venezolano no tomó acción en 2010 contra funcionarios gubernamentales y militares conocidos por estar vinculados con las FARC. Por ejemplo, en noviembre, el presidente Chávez ascendió a Henry Rangel Silva, Jefe del Comando de Operación Estratégica de la Fuerza Armada, al rango equivalente de General en Jefe de cuatro estrellas. Rangel Silva había sido designado bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2008 por ayudar materialmente a las FARC en sus actividades del tráfico de drogas. Además, la Fiscal General también condecoró a Rangel Silva con la Medalla al Mérito Ciudadano por su “servicio en la defensa de los intereses del país y de la constitución.”

C. Objetivos Nacionales, Cooperación Bilateral e Iniciativas de la Política de EE.UU.

Desde el cese de la cooperación formal con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA por sus siglas en inglés) en 2005, el gobierno venezolano ha mantenido una cooperación limitada con los Estados Unidos en la lucha antidroga que solo se da en determinados casos. Los Estados Unidos propuso que el gobierno venezolano firmara un anexo, negociado en 2005, al Memorando de Entendimiento Bilateral Anti-Narcótico entre Venezuela y los Estados Unidos de 1978, hecho que hubiese permitido una mayor cooperación, pero funcionarios venezolanos han expresado públicamente que Venezuela ni firmará ningún acuerdo bilateral ni cooperará con los Estados Unidos en materia de la lucha anti-droga.

La cooperación bilateral con los Estados Unidos en 2010 consistió principalmente en intercambios informales de información con representantes de la DEA en Caracas, en la coordinación de deportaciones de fugitivos de Venezuela a los Estados Unidos, y en actividades de intercepción marítima realizadas por la Guardacostas de los Estados Unidos.

El gobierno venezolano deportó 17 fugitivos buscados por delitos relacionados con el tráfico de drogas en 2010, seis de los cuales fueron deportados a los Estados Unidos, incluso cuatro que estaban en la lista del gobierno estadounidense de los narcotraficantes más buscados (Consolidated Priority Organization Targets). Entre los deportados a los Estados Unidos estaba Carlos Rentería Mantilla, por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención o a su enjuiciamiento. Los otros 11 fugitivos fueron deportados a otros países, entre ellos Colombia, Perú, Francia y los Países Bajos.

El gobierno venezolano continuó permitiendo que la Guardacostera de los Estados Unidos visite, en alta mar, embarcaciones de bandera venezolana sospechosas de estar traficando drogas. En 2010, el gobierno venezolano cooperó con la Guardacostera de los Estados Unidos en nueve casos de intercepción marítima de drogas, en comparación con las tres operaciones realizadas en el 2009. En un caso, la Guardacostera de los Estados Unidos recuperó un poco más de 45 kilos de cocaína lanzados al mar de una embarcación con bandera venezolana, pero en otros dos casos no pudieron recobrar los narcóticos sospechosos que fueron arrojados al mar. El Gobierno de los Estados Unidos no posee información oficial sobre posibles acciones que el Comando Guardacostas o la Armada Naval de Venezuela hayan realizado en forma independiente para incautar drogas en el mar durante 2010.

No hubo información disponible en 2010 sobre el estatus operativo de las Instalaciones de Inspección de Contenedores financiadas por los Estados Unidos que se encuentran ubicadas en Puerto Cabello; la ONA informó a funcionarios estadounidenses en noviembre de 2009 sobre su intención de activar estas instalaciones.

El Ministro del Interior y Justicia El Aissami anunció en julio de 2009 que los policías que recibieran adiestramiento en el exterior sin la aprobación del Ministerio serían despedidos y sancionados, y que cualquier experto extranjero en materia de seguridad que proporcionara adiestramiento en Venezuela sin autorización sería arrestado. En 2010, las autoridades venezolanas en materia de seguridad mostraron poco interés en los programas de adiestramiento anti-narcótico financiados por los Estados Unidos.

A pesar de la captura y deportación a Colombia de varios sospechosos de las FARC y del ELN en 2010, el gobierno venezolano pareció tolerar la presencia de las FARC y del ELN y no tomó acciones significativas para limitar su capacidad de operar con impunidad en el territorio venezolano. Durante el año, el gobierno colombiano siguió acusando al gobierno venezolano de refugiar a miembros de las FARC y del ELN en el territorio venezolano, donde podían descansar y reagruparse, traficar drogas, y cobrar “vacunas” y secuestrar a venezolanos para financiar sus operaciones. El 10 de agosto de 2010, el recién investido presidente colombiano Juan Manuel Santos y el presidente Chávez se reunieron en Santa Marta, Colombia y anunciaron la restauración de las relaciones diplomáticas, incluyendo el establecimiento de una comisión bilateral con cinco grupos de trabajo, entre ellos uno en materia de seguridad. Acentuando la relación más cooperativa, en noviembre de 2010, Venezuela deportó dos miembros del ELN y uno de las FARC a Colombia. En diciembre de 2010, el gobierno venezolano capturó al presunto dirigente del ELN, Nilson Terán Ferre, alias “Tulio,” y prometió entregarlo a Colombia. Luego de la captura en diciembre por fuerzas de seguridad venezolanas del segundo en mando del ELN, el presidente Santos reconoció la creciente cooperación bilateral en materia de seguridad.

En agosto, el gobierno venezolano solicitó la extradición desde Colombia de Walid Makled, presuntamente el mayor narcotraficante de Venezuela, poco después de que había sido detenido por las fuerzas de seguridad colombianas. En 2009, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había designado a Makled como Narcotraficante Extranjero Significativo bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act por su nombre en inglés). Makled presuntamente tenía conexiones con las FARC. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el 16 de noviembre que Makled sería entregado a Venezuela después de completar los procedimientos judiciales requeridos por Colombia. El gobierno venezolano informó haber incautado los siguientes bienes a Makled: 11 empresas, entre las cuales se encuentran la aerolínea Aeropostal, un avión, dos lanchas, 77 camiones y tres propiedades.

D. Conclusión

El gobierno de los Estados Unidos mantiene su interés en profundizar la cooperación con Venezuela para ayudar a contrarrestar el creciente flujo de drogas ilícitas que transitan por el territorio venezolano. La cooperación podría mejorarse por medio de un compromiso formal entre las agencias de seguridad de Venezuela y los Estados Unidos en materia anti-droga. La cooperación también podría mejorarse por medio de la firma del anexo pendiente desde 2005 del Memorando de Entendimiento Bilateral Anti-Narcótico, que proporcionaría fondos para proyectos conjuntos anti-drogas. Además, la seguridad portuaria venezolana podría mejorarse por medio de la activación de las Instalaciones de Inspección de Contenedores en Puerto Cabello que fueron financiadas en parte por el Gobierno de los Estados Unidos, y por medio de la participación del gobierno venezolano en el Programa de Seguridad Portuaria de la Guardacostas de los Estados Unidos que ayuda a evaluar los principales puertos de un país y a desarrollar mejores prácticas para una mayor seguridad marítima. La última evaluación portuaria en Venezuela fue realizada en 2004, pero el gobierno venezolano ha negado las solicitudes de los Estados Unidos de regresar. Estas acciones aumentarían el intercambio de información para realizar operaciones, ayudaría a desmantelar redes de crimen organizado, ayudaría en el enjuiciamiento de criminales involucrados en el narcotráfico y ayudaría a contener el flujo de drogas ilícitas que transitan por el espacio aéreo, el territorio y las vías marítimas de Venezuela.